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¿Habría que modificar las políticas fiscales sobre telefonía móvil?

5g, gsma

El mes de abril coincide en muchos países del mundo con el inicio de un nuevo año fiscal. Son las fechas en las que las nuevas normas fiscales entran en vigor.

Un ejemplo de país que ha lidiado con nuevos impuestos es Rumanía, donde los llamados impuestos de la codicia funcionan desde principios de año. Se aplican a los activos bancarios, a las empresas energéticas y a las operadoras de telefonía movil. Como resultado de un impuesto del 3% sobre el volumen de negocio de las operadoras de telecomunicaciones, los abonados de telefonía móvil rumanos deberán pagar facturas más abultadas.

Es la última noticia en el marco de una tendencia a largo plazo en la tributación del sector de telefonía móvil.

El sector ve como los estados añaden más impuestos en un intento por maximizar los ingresos fiscales. Desde 2011, gobiernos de todo el mundo han creado o incrementado 120 impuestos específicos sobre la telefonía móvil. A partir de 2017, 1.500 millones de abonados de servicios de telefonía móvil distribuidos por 60 países han estado sujetos a algún tipo de impuesto adicional, aparte del IVA o impuesto general sobre las ventas. Hablamos de casi el 30% de los abonados a telefonía móvil en todo el mundo.

Si bien puede parecer que hablamos de datos abstractos, las consecuencias son reales. A continuación ilustraremos algunos de los fenómenos más preocupantes que se producen en la tributación sobre la telefonía móvil (y encontrarán más en nuestro reciente informe Rethinking Mobile Taxation to Improve Connectiviy [Repensar la fiscalidad sobre la telefonía móvil para mejorar la conectividad]).

Uganda: impuesto sobre las redes sociales

En 2018, el gobierno del país creó un impuesto de 200 chelines ugandeses (unos 0,05 euros) sobre el uso de muchas de las plataformas en línea, como por ejemplo WhatsApp y Facebook. En fecha reciente, el organismo regulador ugandés informó de que las suscripciones a Internet se han reducido en 2,5 millones durante los tres meses posteriores a la introducción del impuesto.

Sri Lanka: impuesto sobre las torres de telecomunicaciones

A finales de 2017, los planes originales para crear un impuesto sobre las torres de telecomunicaciones estipulaban un cobro mensual de 200.000 rupias de Sri Lanka (unos 1.013 euros). Dichos planes se diluyeron al introducirse dicho impuesto en enero de 2019. La tasa mensual se transformó en anual. Con todo, la imposición de tributos a las torres reducirá necesariamente los incentivos para el despliegue de redes.

Turquía: impuestos por activación

Desde hace algún tiempo, el acceso a una nueva conexión telefónica se ha vuelto más difícil. El consumidor turco está obligado a abonar tres cobros distintos antes de comenzar a descargar su primer megabyte de datos. Pero dichos cobros –impuesto especial sobre las comunicaciones, tarifa de licencia inalámbrica y tarifa de uso de la red inalámbrica– están vinculados a la inflación y ahora ya suman 98 liras turcas (unos 15 euros) tan solo para empezar el año. No es de extrañar que los impuestos al consumidor representen más del 60% del costo de ser propietario de un móvil en Turquía (y además, existen varios impuestos sobre las operadoras que equivalen a un 15% de los ingresos).

Todos estos impuestos adicionales (y para postre, complicados) no favorecen el desarrollo de un mercado de telefonía móvil. ¿Se necesitan más pruebas?

Como los impuestos suponen un incremento en el precio por poseer y utilizar un teléfono móvil, el número de personas que pueden pagar y usar los servicios de Internet móvil se reducen. En el gráfico de resultados, observamos que a los consumidores de países con impuestos elevados (indicados con puntos rojos en el gráfico a continuación, hacer clic para ampliar) se les deduce más del 3,5% de sus ingresos en concepto de impuestos sobre telefonía móvil. En esos mismos países, el uso de Internet desde el teléfono móvil nunca supera el 30%.

Por supuesto, existen motivos para que muchos países en vías de desarrollo impongan fuertes cargas impositivas a la telefonía móvil.

Cuando los niveles de deuda son elevados, los gobiernos pueden optar por cobrar impuestos adicionales sobre la telefonía móvil para tratar de compensar la brecha fiscal. En países donde el pago total de la deuda parece cercano, los gobiernos imponen exigencias aún más onerosas. E imponer tributos sobre las transacciones móviles de todo tipo es una tentación. La Organización Internacional del Trabajo estima que 2.000 millones de personas empleadas en todo el mundo forman parte de la denominada economía informal. El 93% de ellos se encuentran en países emergentes y en desarrollo. La recaudación de impuestos en un país donde la economía informal alcanza grandes dimensiones es difícil. Por otra parte, las transacciones móviles, igual que la compra de tarjetas SIM, teléfonos y recargas de prepago pueden identificarse con relativa facilidad y, por ello, también son más fáciles de gravar.

Pero, aunque se trate de una estrategia popular y sencilla, es errónea, por dos motivos clave.

Disminuye la población tributaria

Los impuestos más elevados reducen los beneficios y, por tanto, también la población tributaria, esto es, el número de personas a las que se pueden cobrar impuestos. Por ello, puede ocurrir que las ganancias de los gobiernos provenientes de tasas impositivas puedan echarse a perder al reducirse el número de personas que utilizan la telefonía móvil.

Los servicios móviles pueden favorecer la regularización general de la economía

Los pagos de persona a gobierno (P2G) mediante dinero móvil pueden utilizarse para cobrar impuestos generales a los ciudadanos, tasas escolares, costes médicos y otros pagos oficiales, y por lo tanto ampliar la población tributaria. Los pagos P2G ya están disponibles en más de 30 mercados.

Inevitablemente, el debate sobre la tributación de la telefonía móvil continuará. Las exigencias fiscales a corto plazo de los gobiernos chocarán con el desarrollo de la industria de telefonía móvil, y de la economía general a largo plazo.

Por otra parte, los gobiernos están desarrollando ambiciosos planes de economía digital. Se pide a las operadoras de telefonía móvil que asuman simultáneamente la carga de generar ingresos fiscales significativos y de efectuar fuertes inversiones en infraestructuras. El mantenimiento de ambas funciones a la vez puede acabar por resultar insostenible.

– Mayuran Sivakumaran, economista sénior, GSMA Intelligence

Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.

Publicado originalmente en en Mobile World Live en español

Albert Cuesta

Periodista, analista, traductor i conferenciant especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. És l’editor d’aquest blog, de l’edició en espanyol del butlletí Mobile World Live de la GSMA i del blog de l'Observatorio Nacional de la 5G. També col·labora al diari Ara, Catalunya Ràdio i TV3. ---------------- Periodista, analista, traductor y conferenciante especializado en electrónica de consumo y tecnologías de la información. Es el editor de este blog, de la edición en español del boletín Mobile World Live de la GSMA y del blog del Observatorio Nacional de la 5G. También colabora en el diario Ara, Catalunya Ràdio y TV3.

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